Solidaridad con los damnificados
Eran las 10:29 am del martes 23 de junio cuando la tierra se cimbró de manera impresionante desde el sureste de México, irradiándose las ondas sísmicas hacia los estados vecinos al nuestro y hacia la Ciudad de México a partir de su epicentro, detectándose a una profundidad de cinco kilómetros y a 23 kilómetros lineales de La Crucecita, en el bello destino turístico de Huatulco, por el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM. Su magnitud inicial de 7.5 grados en la escala de Richter solo disminuyó una décima posteriormente y su duración, que pareció eterna, fue de alrededor de un minuto. Para el domingo 28 de ese mes ya se habían contabilizado más de 4,000 réplicas, todas ellas menores de 5.5 grados. Los medios de comunicación de todo tipo han dado a conocer, al paso de los días, la magnitud de los daños en vidas humanas y de tipo material en relación a las afectaciones observadas en la infraestructura pública y privada.
Me ha tocado en suerte haber sido protagonista de todos los sismos de singular relevancia que se han registrado en México desde aquel fatídico 28 de julio de 1957, hasta los más recientes de septiembre del 2017, pero ninguno como el del 19 de septiembre de 1985 por la cantidad de víctimas, entre muertos y lesionados y la tremenda devastación de inmuebles que ocasionó en el entonces Distrito Federal. A partir de dicho terremoto, de magnitud 8.1 grados y con una réplica casi inmediata de 6.8, es que los mexicanos entramos de lleno en la cultura de la protección civil, cuyo avance se pudo observar el 23 de junio en la Ciudad de México. Afortunadamente, en esta ocasión la lejanía del epicentro y el tipo de movimiento telúrico permitió que el sistema de alarma sísmica que funciona en las entidades federativas que integran la gran megalópolis, tuviera un margen de casi un minuto para que las ondas del terremoto estremecieran su superficie en un frenético zangoloteo, con el consiguiente susto y temor de todos los citadinos.
En esta ocasión, los daños a la infraestructura inmobiliaria en la capital del país, no fueron de consideración y no se contabilizaron víctimas humanas. Sin embargo, los televidentes pudimos observar y conocer en los noticieros, otra vez las lamentables escenas y los reportajes de las personas y familias que resultaron damnificadas, al recibir la amarga noticia de que el inmueble donde vivían, algunos desde hacía cuatro o cinco décadas, resultó con daños cuantiosos y por lo tanto el dictamen de inhabitable, viéndose obligadas a desocupar su vivienda y, en esta ocasión, la suerte de recuperar, en lo posible, su mobiliario y todo tipo de pertenencias. Esta situación resulta ser la parte más difícil de soportar, la más inhumana, pues una y otra vez hemos visto el tratamiento que las autoridades gubernamentales han observado para estas víctimas de un destino tan cruel, pues prácticamente se quedan en la calle, sin un techo, sin una vivienda digna, a la intemperie, y más aún cuando resulta que a fenómenos de la naturaleza como el presente se suman otros como los efectos de tipo hidrometeorológico, lo que hace más difícil su existencia; lo peor es que esta situación se vuelve insoportable por lo prolongado que resulta la espera de ayuda humanitaria y la modificación de su estatus de vida. Por instrucciones de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, por lo menos ahora se proporciona una cantidad de $5,000.00 mensuales como ayuda de renta para que las 40 familias afectadas busquen un lugar para vivir temporalmente.
Vendrán otros sismos de gran magnitud, los que volverán a causar un determinado número de víctimas y damnificados en la gran metrópoli y en las entidades federativas. Los planes de mitigación del daño deben incluir el más extraordinario apoyo a quienes pierdan sus viviendas. No basta con integrar a las personas y familias en los llamados albergues. No es suficiente con obsequiarles despensas o los alimentos calientes. La ayuda debe ser superior, digna de seres civilizados, por el tiempo que sea necesario. No se deben escatimar recursos para tan noble objetivo; estos últimos deben preverse como un apartado especial del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.
Me ha tocado en suerte haber sido protagonista de todos los sismos de singular relevancia que se han registrado en México desde aquel fatídico 28 de julio de 1957, hasta los más recientes de septiembre del 2017, pero ninguno como el del 19 de septiembre de 1985 por la cantidad de víctimas, entre muertos y lesionados y la tremenda devastación de inmuebles que ocasionó en el entonces Distrito Federal. A partir de dicho terremoto, de magnitud 8.1 grados y con una réplica casi inmediata de 6.8, es que los mexicanos entramos de lleno en la cultura de la protección civil, cuyo avance se pudo observar el 23 de junio en la Ciudad de México. Afortunadamente, en esta ocasión la lejanía del epicentro y el tipo de movimiento telúrico permitió que el sistema de alarma sísmica que funciona en las entidades federativas que integran la gran megalópolis, tuviera un margen de casi un minuto para que las ondas del terremoto estremecieran su superficie en un frenético zangoloteo, con el consiguiente susto y temor de todos los citadinos.
En esta ocasión, los daños a la infraestructura inmobiliaria en la capital del país, no fueron de consideración y no se contabilizaron víctimas humanas. Sin embargo, los televidentes pudimos observar y conocer en los noticieros, otra vez las lamentables escenas y los reportajes de las personas y familias que resultaron damnificadas, al recibir la amarga noticia de que el inmueble donde vivían, algunos desde hacía cuatro o cinco décadas, resultó con daños cuantiosos y por lo tanto el dictamen de inhabitable, viéndose obligadas a desocupar su vivienda y, en esta ocasión, la suerte de recuperar, en lo posible, su mobiliario y todo tipo de pertenencias. Esta situación resulta ser la parte más difícil de soportar, la más inhumana, pues una y otra vez hemos visto el tratamiento que las autoridades gubernamentales han observado para estas víctimas de un destino tan cruel, pues prácticamente se quedan en la calle, sin un techo, sin una vivienda digna, a la intemperie, y más aún cuando resulta que a fenómenos de la naturaleza como el presente se suman otros como los efectos de tipo hidrometeorológico, lo que hace más difícil su existencia; lo peor es que esta situación se vuelve insoportable por lo prolongado que resulta la espera de ayuda humanitaria y la modificación de su estatus de vida. Por instrucciones de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, por lo menos ahora se proporciona una cantidad de $5,000.00 mensuales como ayuda de renta para que las 40 familias afectadas busquen un lugar para vivir temporalmente.
Vendrán otros sismos de gran magnitud, los que volverán a causar un determinado número de víctimas y damnificados en la gran metrópoli y en las entidades federativas. Los planes de mitigación del daño deben incluir el más extraordinario apoyo a quienes pierdan sus viviendas. No basta con integrar a las personas y familias en los llamados albergues. No es suficiente con obsequiarles despensas o los alimentos calientes. La ayuda debe ser superior, digna de seres civilizados, por el tiempo que sea necesario. No se deben escatimar recursos para tan noble objetivo; estos últimos deben preverse como un apartado especial del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.
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