El fracaso de la descentralización en salud en México

 Era 1983, primer año de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, había nombrado al Dr. Guillermo Soberón Acevedo en el cargo de Secretario de Salud, quien aplicó en México la política de descentralización, constituyéndose en uno de las primeros países en hacerlo y como respuesta a la grave recesión económica por la que atravesábamos luego de dos de los peores periodos de gobierno de nuestra historia nacional. En ese entonces, el Lic. José Francisco Ruiz Massieu, Subsecretario de Planeación de dicha dependencia, fue el responsable de implementar el modelo descentralizador, aunque no faltaron las voces que expresaron abiertamente su desacuerdo con este último como sucedió con el Dr. Raúl Carrillo Silva, que recién había sido nombrado en el cargo de Director General de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados, luego de haberse desempeñado como titular de tales servicios en Oaxaca. Los argumentos del Dr. Carrillo en un evento público, donde estuve presente, poniendo en tela de juicio la manera vertical e impuesta desde el centro, como se pretendía establecer la descentralización, motivó tal enojo de Ruiz Massieu que el Dr. Soberón se vio obligado a mover a aquel cuando cumpliría su primer año en el desempeño de sus funciones. Ese era el peso político de dicho servidor público.

De algún modo, la descentralización vivió su primera etapa en el periodo presidencial de 1982 a 1988, con un costo de 452 millones de dólares que resultó elevado, pero no tuvo el éxito esperado al no transferirse poder de decisión a las 14 entidades federativas que aceptaron participar en el proceso, pues en las demás los gobernadores se negaron a aceptar esa responsabilidad. Una segunda etapa ocurrió en los periodos presidenciales de 1988 a 1994 y 1994 al 2000; la federación optó por una contrarreforma en la primera administración de las señaladas pero no se interrumpió la descentralización, aunque se recentralizó en la oficina presidencial el manejo de grandes recursos presupuestales para programas sociales. En cambio, en el siguiente sexenio hubo ciertos avances en la descentralización y en los dos periodos presidenciales gobernados por el Partido Acción Nacional las acciones continuaron como por inercia, aun cuando en el sexenio 2000-2006 se diseñó e implantó el Sistema de Protección en Salud, más conocido como Seguro Popular, dirigido a población sin seguridad social, pero este programa resultó ser una recentralización del poder de decisión, teniendo vigencia en los periodos presidenciales 2006-2012 y 2012-2018.

El proceso descentralizador de la Secretaría de Salud provocó que múltiples investigadores de muy variadas disciplinas publicaran los resultados de sus estudios cuantitativos o cualitativos en las siguientes dos décadas posteriores a su implementación. El segundo de ellos incluyó al estado de Oaxaca/ “El financiamiento a partir de la descentralización del Sistema de Salud en México: cambios, tendencias y evidencias. 1990-2000” (Arredondo A. Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Méx. 2002). En una de las investigaciones de tipo cualitativo más recientes se señala que en nuestro país, una administración lanzó la reforma, casi la paralizó la siguiente, la retomó la que siguió, y fue olvidada más o menos definitivamente por las dos últimas; es decir, en México la descentralización fue un fracaso. (“Descentralización de los servicios de salud: estudio de caso en seis estados mexicanos”. Nuria Homedes y Antonio Ugalde. Salud Pública de México. Vol. 53, no. 6, noviembre-diciembre de 2011).

En tal fracaso se incluyen factores de todo orden: político, jurídico, técnicas (en cuanto a normatividad), económico (falta o mal manejo del presupuesto asignado), etc. En todo caso, agregaría que no hubo una adecuada planeación, tampoco la imprescindible capacitación en todos los niveles de la organización sanitaria, un estricto y constante proceso de supervisión y evaluación y algo que no aparece en los estudios: la innegable corrupción de servidores públicos dentro y fuera de los servicios de salud a nivel federal, estatal y jurisdiccional.