La masacre de Uvalde. Una tragedia que debió evitarse

 La narrativa al detalle de la masacre perpetrada en la Escuela Primaria Robb, de Uvalde, en el estado de Texas de los Estados Unidos de América, ocurrida el pasado 24 de mayo, fue ampliamente conocida en todo el mundo, un crimen múltiple que segó la vida de 19 niños que cursaban los grados 3º y 4º en ese plantel escolar y de dos de sus jóvenes maestras, además de que causó diversas heridas a otras 17 víctimas. Salvador Rolando Ramos Reyes que tres días antes había cumplido 18 años de edad y aprovechó esa circunstancia para adquirir legalmente dos armas semiautomáticas AR 15 en comercios legales de venta de armas, es el nombre del criminal, quien finalmente fue abatido por la policía de esa ciudad. Antes de cometer su terrible multihomicidio y dejar una estela de lesionados, el desquiciado adolescente había disparado varias veces a su abuela de 66 años, quien trató de impedir lo que pretendía su violento nieto.

Según la información oficial fueron 80 minutos de horror los que sufrieron alumnos, profesores y directivos de la escuela y fue muy ostensible la información que se vertió a los medios de comunicación respecto a la actuación de los elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quienes cometieron el error de retrasar el asalto a la habitación donde se hallaban el matón y sus víctimas, atribuyéndole esa decisión al jefe de la policía local. El horrendo hecho es uno más de los que han ocurrido con creciente frecuencia en un país en el que al parecer impera la cultura y la violencia de las armas y la posible complicidad, ¿o temor?, de su gobierno ante la Asociación Nacional del Rifle, dando la impresión, desde fuera, que está atado de manos para aplicar decisiones que frenen y regulen de manera más estricta la producción, distribución y venta de armas para uso doméstico. Pero en este caso, si se trata de hallar culpables resulta que de manera indirecta lo son todos los que integran la cadena que se eslabona desde la dichosa Asociación, las autoridades civiles que lo permiten, las encargadas de impartir justicia, las policías, los padres de familia e individuos carentes de valores éticos y, además las propias autoridades de los planteles escolares. ¿A qué me refiero al incluir a estas últimas? Veamos porqué.

Tuvieron que pasar muchos días para que se difundiera un video grabado con las cámaras de la escuela primaria, en donde se observan con claridad las imágenes que terminaron en una tragedia, misma que se debía haber evitado desde el momento en el que el asesino se aproxima al plantel en una camioneta, se introduce por una zona protegida con una malla de alambre y sin más la atraviesa, pero en su loca carrera cae en una especie de hondonada, impidiéndole continuar su marcha, bajándose del vehículo para proseguir su infame y macabro destino hacia la escuela, llevando consigo un arma AR15; ese tiempo, cuando uno ve el video se hace eterno. Luego penetra a la escuela y otra cámara lo deja ver cuando deambula en uno de los pasillos, dirigiéndose hacia las aulas, para finalmente introducirse en una de ellas. Más tarde, otras imágenes de esta última cámara dejan ver a los oficiales de la policía en el sitio del inmueble por donde entró el despiadado mozalbete, se les observa actuar con exceso de cautela, sin atreverse a ir más allá de ese sitio, es en ese lapso en el que transcurren lentamente los minutos y mientras tanto las víctimas inocentes caen como moscas ante la furia de su maldito agresor, sin que esta escena haya sido captada por cámara alguna. Mejor dos niños llamaron al 915 crispados de terror en solicitud de auxilio.

Luego de esta descripción del funcionamiento interno de las cámaras de video, da la impresión de que nadie en esa escuela se ocupaba ex profeso de su vigilancia y control para, en caso necesario, dar la voz de alarma de inmediato a la directora de la escuela, Mandy Gutiérrez, con el fin de que actuara ipso facto y con ello proteger la vida de los niños y docentes, porque si esos equipos solo se instalaron para cumplir con un mero requisito administrativo, resulta obvio que no sirvieron para nada, lo que definitivamente podría haber contribuido a la deleznable orgía de sangre esa mañana de mayo.