Calificación de 3.8 al sistema penitenciario en el gobierno de Felipe Calderón.
Recientemente, la
administración federal del presidente Felipe Calderón, fue objeto de una
evaluación por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), en la que intervino
un grupo de 48 especialistas de instituciones como el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, entre otras. En términos generales, el gobierno de Calderón resultó reprobado con una
calificación de 5.18, habiéndose evaluado seis temas centrales: Estado de
derecho y seguridad; Economía; Desarrollo social; Política y desarrollo de la
democracia; Política internacional y Medio ambiente. Del primero de ellos, se calificó como de “abandono brutal” y como
un “medio corrupto” al sistema penitenciario federal, señalando que es el área
que menos interesa de todo el sistema de justicia, otorgándole un contundente
3.8 de calificación.
El propio Subsecretario del
Sistema Penitenciario Federal, José Patricio Patiño Arias, advirtió, palabras
más, palabras menos, que “…De persistir la tendencia al crecimiento de la
población en los reclusorios de la nación, éstos estarían tergiversando su
diseño original, se profundizaría la crisis existente en ellos, habría mayores
rezagos en infraestructura y se incrementarían patologías como la corrupción y
el abuso”; además, hizo hincapié en que “para evitar que las cárceles sigan
operando como escuelas del crimen, en las que los delincuentes hacen su
maestría y doctorado, es necesario generar programas de reinserción de los
criminales a la sociedad”.
Según datos de la Secretaría
de Seguridad Pública federal, existen en el país 222,073 reclusos en las 438
prisiones diseminadas en toda la República Mexicana. (La Jornada. 31 de marzo
del 2009). De dicha población, casi el 80% de los internos pertenecen al fuero
común y el 95% son del sexo masculino. Por otra parte, la población penitenciaria
se duplicó en los últimos 15 años, a partir del incremento de la delincuencia
en los años 90´s y por el aumento en la duración de las penas. En apoyo a lo
anterior, compárese la cifra actual de reclusos con los 91,364 que había en el
año de 1993. Lo grave es que los espacios para estas personas no se han
incrementado en relación directa con el aumento de los internos, de tal suerte
que para el total de estos en el país sólo existen en promedio 164 mil, lo cual
quiere decir que existe un terrible hacinamiento.
En el excelente trabajo de
investigación “El Sistema Penitenciario Mexicano”, cuyos autores, Elena Azaola
y Marcelo Bergman (investigadores del CIESAS y CIDE, respectivamente), revelan
que existen celdas para tres internos en donde duermen más de 10 y otras que,
teniendo lugar para cinco, son habitadas por más de 20; además, en los recintos
penitenciarios los alimentos son de mala calidad y el agua para beber es
insuficiente. La sobrepoblación, refieren dichos estudiosos, conlleva a que
México presente hoy en día una tasa de 175 presos por cada 100 mil habitantes,
mientras que hace diez años era de 104. De acuerdo a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos la situación es más grave en las prisiones de Baja California,
Nayarit, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal.
Las entidades con mayor
número de reclusos son: Distrito Federal (32,627); Estado de México (19,140);
Baja California (17,323); Jalisco (14,736) y Sonora (13,218). Oaxaca en sus 21
prisiones mantiene a poco más de 4 mil.
Todo lo anterior, expresan
los investigadores, propicia elevados niveles de corrupción en todas sus formas
y modalidades: tráfico de influencias, rezago en la revisión de expedientes,
introducción, venta y consumo de drogas, extorsión, prostitución, impunidad,
violencia y hacinamiento; y derivado de este último –yo aumentaría- la
diseminación de infecciones de transmisión sexual, pero sobre todo del virus de
la inmunodeficiencia humana. ¿A la mitad de su sexenio hará todavía algo el
Presidente Calderón?
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