Irma López Aurelio. Una reflexión.
Como todos los días, desayunaba en la fondita del pueblo, ubicada en la plaza principal de San Pedro Apóstol, distrito de Ocotlán; era la última semana de mi servicio social y me atendían de manera diligente las tías de quien llegaría a ser director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, el Dr. Alejandro Gómez Díaz. Hasta ahí llegó presurosa la auxiliar de enfermería del centro de salud bajo mi responsabilidad, para informarme que la esposa del Presidente Municipal, había llegado a la unidad en trabajo de parto. Sin dudarlo, dejé mis alimentos y me dirigí al establecimiento de salud seguido de la enfermera, pero cuando llegamos la paciente ya se había retirado; no tardamos ni cinco minutos porque el centro de salud se encontraba a dos cuadras de distancia. Para mi sorpresa la familia de la paciente la condujo de inmediato con la partera tradicional de la comunidad quien se encargó de su atención. Como resultado de ese hecho el Presidente Municipal se negó de manera rotunda y majadera a entregarme la constancia de mi servicio social cuando fui a solicitársela; su justificación fue que yo debí haber estado presente en el centro de salud cuando llegó su esposa, quien nunca había acudido conmigo a consulta prenatal.
Me vi precisado a recurrir al Dr. Manuel Martínez Soto Carreño, quien se desempeñaba en un elevado cargo en el gobierno del Estado y a la vez estaba adscrito a los Servicios Coordinados de Salud Pública. Con él acudí al palacio municipal y luego de una breve entrevista con la máxima autoridad de la localidad, éste de inmediato extendió ahí mismo mi constancia, deshaciéndose en comentarios llenos de elogio y de palabras empalagosas hacia mi persona, al mismo tiempo que me pidió disculpas por haber retrasado dicho trámite. Ese fue, como se puede ver, un acto totalmente injusto, arbitrario y prepotente al que estamos sujetos los médicos, sobre todo cuando se cumple el servicio social de un año. Si la esposa de la primera autoridad del municipio hubiera tenido un parto como el de la Sra. Irma López Aurelio, dentro o fuera del centro de salud, es seguro que mi suerte tendría que haber sido distinta. Por cierto, en esa que fue una de las mejores etapas de mi vida llegué a atender casi 70 partos, la mayoría en horas de la madrugada, muchas veces en el domicilio de las familias que habían solicitado mis servicios e infinidad de ocasiones también en viviendas paupérrimas, en condiciones de insalubridad, en donde la mujer esperaba su parto tendida en un petate y con una veladora encendida. No se me murió nadie, ni las madres ni sus recién nacidos.
Ese es un ejemplo de la realidad a la que estamos sometidos los trabajadores de la salud. De ninguna manera trato de justificar lo que sucedió lamentablemente en San Felipe Jalapa de Díaz, unidad de salud de mayor complejidad y recursos humanos y materiales, pero hay que abordar el caso en su exacta dimensión. Hay que recordar también que en el propio Distrito Federal con frecuencia conocemos de mujeres en trabajo de parto a las que se niegan a recibir en los hospitales públicos, luego de llevarlas y traerlas incluso en una ambulancia.
Ocho días después de concluir mi servicio social, el 23 de agosto de 1973, presenté mi examen profesional. Los egresados, de pie, hicimos nuestro juramento; he aquí el primer párrafo: … “Ante el Honorable Jurado que me examinó, y en presencia de las personas asistentes, protesto solemnemente que la vida humana será para mí sagrada, desde la concepción hasta la muerte y que haré de ella un culto; que al reconocer en mi preparación profesional el aporte económico que brinda la colectividad a esta Casa de Estudios, pondré todo mi empeño y mis luces en el logro del mejoramiento higiénico y sanitario de los lugares donde me tocare actuar, y que en el ejercicio privado de mi profesión, antepondré el interés y el bien del enfermo a toda consideración personal de egoísmo, de comodidad, o de lucro, y estimaré su vida como mi propia vida, o antes que ella si fuera preciso…”
No es aceptable que ocurra un hecho como el que nos ocupa; lo ideal es que no vuelva a ocurrir. Siendo multifactorial no es nada fácil su solución.
Me vi precisado a recurrir al Dr. Manuel Martínez Soto Carreño, quien se desempeñaba en un elevado cargo en el gobierno del Estado y a la vez estaba adscrito a los Servicios Coordinados de Salud Pública. Con él acudí al palacio municipal y luego de una breve entrevista con la máxima autoridad de la localidad, éste de inmediato extendió ahí mismo mi constancia, deshaciéndose en comentarios llenos de elogio y de palabras empalagosas hacia mi persona, al mismo tiempo que me pidió disculpas por haber retrasado dicho trámite. Ese fue, como se puede ver, un acto totalmente injusto, arbitrario y prepotente al que estamos sujetos los médicos, sobre todo cuando se cumple el servicio social de un año. Si la esposa de la primera autoridad del municipio hubiera tenido un parto como el de la Sra. Irma López Aurelio, dentro o fuera del centro de salud, es seguro que mi suerte tendría que haber sido distinta. Por cierto, en esa que fue una de las mejores etapas de mi vida llegué a atender casi 70 partos, la mayoría en horas de la madrugada, muchas veces en el domicilio de las familias que habían solicitado mis servicios e infinidad de ocasiones también en viviendas paupérrimas, en condiciones de insalubridad, en donde la mujer esperaba su parto tendida en un petate y con una veladora encendida. No se me murió nadie, ni las madres ni sus recién nacidos.
Ese es un ejemplo de la realidad a la que estamos sometidos los trabajadores de la salud. De ninguna manera trato de justificar lo que sucedió lamentablemente en San Felipe Jalapa de Díaz, unidad de salud de mayor complejidad y recursos humanos y materiales, pero hay que abordar el caso en su exacta dimensión. Hay que recordar también que en el propio Distrito Federal con frecuencia conocemos de mujeres en trabajo de parto a las que se niegan a recibir en los hospitales públicos, luego de llevarlas y traerlas incluso en una ambulancia.
Ocho días después de concluir mi servicio social, el 23 de agosto de 1973, presenté mi examen profesional. Los egresados, de pie, hicimos nuestro juramento; he aquí el primer párrafo: … “Ante el Honorable Jurado que me examinó, y en presencia de las personas asistentes, protesto solemnemente que la vida humana será para mí sagrada, desde la concepción hasta la muerte y que haré de ella un culto; que al reconocer en mi preparación profesional el aporte económico que brinda la colectividad a esta Casa de Estudios, pondré todo mi empeño y mis luces en el logro del mejoramiento higiénico y sanitario de los lugares donde me tocare actuar, y que en el ejercicio privado de mi profesión, antepondré el interés y el bien del enfermo a toda consideración personal de egoísmo, de comodidad, o de lucro, y estimaré su vida como mi propia vida, o antes que ella si fuera preciso…”
No es aceptable que ocurra un hecho como el que nos ocupa; lo ideal es que no vuelva a ocurrir. Siendo multifactorial no es nada fácil su solución.
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