Efectos del paro en los Servicios de Salud
De acuerdo al anexo estadístico del 4º. Informe de Gobierno del Estado, correspondiente al año 2014, la población amparada por los Servicios de Salud de Oaxaca era de dos millones 391,500 habitantes, nada menos que el 64% de la población cubierta por los servicios de asistencia social; la otra institución es el ahora IMSS-Prospera. Para enfrentar lo que es un verdadero reto, la primera dependencia señalada dispuso de un total de 2,921 unidades de salud, 95% fijas y 5% móviles, de las cuales el 66% eran Casas de Salud con el equipamiento mínimo para brindar una atención de primer nivel, donde el recurso humano procede de las mismas localidades, no devenga un salario y más bien sus servicios son de tipo voluntario y su formación ha sido a base de cursos de capacitación de variable duración. Para ese primer nivel de atención se contaba con 744 centros de salud, la mayoría en el área rural, 17 unidades médicas con especialidad, dos clínicas de especialidad, 14 hospitales generales, 19 hospitales comunitarios, un hospital psiquiátrico, un hospital para la niñez, un hospital de especialidades y 174 unidades móviles.
Según el mismo anexo estadístico, un total de 16,287 trabajadores se encuentran distribuidos en las seis Jurisdicciones Sanitarias en que está dividida la entidad, para brindar la atención sanitaria y asistencial que requiere la población cubierta oficialmente por los Servicios de Salud de Oaxaca, los que dependen normativa y presupuestalmente de la Secretaría del ramo a nivel federal. Por otra parte, para medir el impacto de las acciones de salud se dispone de indicadores de observancia nacional, lo que permite comparar los logros alcanzados de todos los Estados de la República y establecer, por consiguiente, el lugar que ocupa cada uno de ellos al concluir un año. Por supuesto que para cada indicador existe una media nacional, de tal manera que hay entidades federativas muy por arriba de la media y por el contrario, otras que terminan por ocupar los últimos lugares, muy por debajo de la media de determinado indicador. En ese sentido, cualquier interrupción de la atención que se otorga a la población en uno o más programas de salud, repercute ostensiblemente en el logro de los indicadores respectivos. Para que suceda lo anterior, aclaro que el freno, cancelación o suspensión de los servicios tendría que ser por un periodo significativo de tiempo, pues no es lo mismo que aquello ocurra uno o dos días, a una semana y más de duración, como actualmente acontece en el Estado. Eso quiere decir, que a dos semanas del paro generalizado del que todos tenemos conocimiento, ya existe un indiscutible retroceso en la productividad de los servicios y en el avance de los programas, pero lo más delicado podrían ser las repercusiones en la morbilidad y mortalidad de los pacientes oaxaqueños. Ojalá y no.
Para dar una panorámica del grado de afectación por la suspensión de los servicios de consulta externa y algunos que son complementarios a ésta <considerando que se han atendido las urgencias y la hospitalización de pacientes>, en el tiempo que ha transcurrido desde que inició el paro, hasta la fecha, se han dejado de atender, de manera aproximada: alrededor de 200 mil consultas (generales, de especialidad, odontológicas y de salud mental), más de 15 mil consultas prenatales, cerca de 20 mil consultas al niño sano, más o menos 45 mil consultas en el componente de nutrición y se han dejado de capacitar a poco más de dos mil madres de familia. El soporte de estas cifras lo es también el anexo estadístico del referido Informe de Gobierno, en donde aparecen los resultados reales del periodo enero-junio y los estimados de julio a diciembre del 2014.
Agreguemos a las cifras anteriores el efecto catastrófico en el bolsillo de las familias, por concepto de traslado, hospedaje, alimentación y pago de servicios médicos privados. Ojalá que las partes que dialogan en sendas mesas de trabajo para resolver los problemas de fondo, concluyan a la brevedad este grave problema de salud pública, cuya solución, entiendo, no es totalmente competencia estatal.
Según el mismo anexo estadístico, un total de 16,287 trabajadores se encuentran distribuidos en las seis Jurisdicciones Sanitarias en que está dividida la entidad, para brindar la atención sanitaria y asistencial que requiere la población cubierta oficialmente por los Servicios de Salud de Oaxaca, los que dependen normativa y presupuestalmente de la Secretaría del ramo a nivel federal. Por otra parte, para medir el impacto de las acciones de salud se dispone de indicadores de observancia nacional, lo que permite comparar los logros alcanzados de todos los Estados de la República y establecer, por consiguiente, el lugar que ocupa cada uno de ellos al concluir un año. Por supuesto que para cada indicador existe una media nacional, de tal manera que hay entidades federativas muy por arriba de la media y por el contrario, otras que terminan por ocupar los últimos lugares, muy por debajo de la media de determinado indicador. En ese sentido, cualquier interrupción de la atención que se otorga a la población en uno o más programas de salud, repercute ostensiblemente en el logro de los indicadores respectivos. Para que suceda lo anterior, aclaro que el freno, cancelación o suspensión de los servicios tendría que ser por un periodo significativo de tiempo, pues no es lo mismo que aquello ocurra uno o dos días, a una semana y más de duración, como actualmente acontece en el Estado. Eso quiere decir, que a dos semanas del paro generalizado del que todos tenemos conocimiento, ya existe un indiscutible retroceso en la productividad de los servicios y en el avance de los programas, pero lo más delicado podrían ser las repercusiones en la morbilidad y mortalidad de los pacientes oaxaqueños. Ojalá y no.
Para dar una panorámica del grado de afectación por la suspensión de los servicios de consulta externa y algunos que son complementarios a ésta <considerando que se han atendido las urgencias y la hospitalización de pacientes>, en el tiempo que ha transcurrido desde que inició el paro, hasta la fecha, se han dejado de atender, de manera aproximada: alrededor de 200 mil consultas (generales, de especialidad, odontológicas y de salud mental), más de 15 mil consultas prenatales, cerca de 20 mil consultas al niño sano, más o menos 45 mil consultas en el componente de nutrición y se han dejado de capacitar a poco más de dos mil madres de familia. El soporte de estas cifras lo es también el anexo estadístico del referido Informe de Gobierno, en donde aparecen los resultados reales del periodo enero-junio y los estimados de julio a diciembre del 2014.
Agreguemos a las cifras anteriores el efecto catastrófico en el bolsillo de las familias, por concepto de traslado, hospedaje, alimentación y pago de servicios médicos privados. Ojalá que las partes que dialogan en sendas mesas de trabajo para resolver los problemas de fondo, concluyan a la brevedad este grave problema de salud pública, cuya solución, entiendo, no es totalmente competencia estatal.
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