¿Reingeniería en los SSO?
Siempre es sano para las estructuras administrativas del sector público, que un ente externo confiable determine si deben continuar vigentes o establecer la conveniencia de modificarlas, con la demostración precisa y al detalle, y con argumentos sólidos, de las áreas que es indispensable seguir manteniendo, o las que deben desaparecer de la organización, y, en su caso, de aquellas que requieren fusionarse a otras, pero siempre con la idea de evitar el derroche financiero y de lograr resultados óptimos en bien de los usuarios. Aquí es básico aplicar criterios de calidad, con indicadores medibles, que permitan prever eficacia, efectividad y eficiencia en el sistema. No olvidar que estamos en los tiempos en que se debe demostrar con evidencias los logros alcanzados, de acuerdo a las metas y objetivos comprometidos por un equipo de servidores públicos en su programa anual de trabajo, instrumento que previamente a su operación, tuvo que haber pasado rigurosos filtros para su aprobación y autorización.
¿Cuándo es conveniente la revisión técnica de una estructura organizacional? Para el caso de las entidades del sector público, preferentemente debería realizarse con la suficiente antelación al inicio de un nuevo régimen o gestión gubernamental, llámese federal o estatal; sin embargo, por todos los “asegunes” que ello conlleva, por lo menos se necesita que transcurra el primer año de la nueva administración, para que en ese tiempo se realice el estudio técnico que finalmente permita la toma de decisiones, cuando la maquinaria está por arribar a su segundo año de trabajo. Así, al titular de la dependencia le facilitará el reacomodo de sus colaboradores en la nueva estructura orgánica.
Naturalmente que cualquier cambio en una estructura tiene forzosamente que ser autorizado por las instancias jurídicas y administrativas superiores, y eso lleva tiempo; de ahí que el estudio al que me he referido debe realizarse de manera planificada, con una ruta crítica. Debe considerarse que ello tiene un costo y que por transparencia se requiere que intervenga una entidad externa, que goce de prestigio y reconocimiento nacional e internacional por disponer de elementos con un vasto currículo y experiencia demostrada en la materia. En síntesis no deben intervenir quienes sirvan internamente en la organización, porque no pueden constituirse en juez y parte, y además por sus múltiples funciones y actividades.
Como mi campo es la Salud Pública me interesa precisamente lo que pueda ocurrir con las dependencias del sector público de la salud, y todavía quiero ser más puntual, mi objetivo más directo son aquellas que atienden a la población más vulnerable, la llamada población abierta, que es la mayoría. Pero resulta que el ahora denominado IMSS Prospera depende de las decisiones que tome el Instituto Mexicano del Seguro Social en el centro del país. Por eso sólo me quedo con los Servicios de Salud de Oaxaca, SSO. Las otras entidades de la salud, las de las instituciones de seguridad social, se cocinan aparte, porque las decisiones acerca de sus estructuras orgánicas también se ventilan en el nivel central de cada una de ellas. Alguien podría alzar la voz y decirme que sucede algo semejante con los SSO, porque la Secretaría de Salud Federal, de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda, tratan de mantener estructuras estatales más o menos homogéneas; sin embargo, las 32 entidades federativas disponen de estructuras orgánicas muy diversas, e incluso el nombre de la dependencia estatal de la salud resulta ser muy variado también. No pretendo decir que la actual estructura orgánica de los SSO no sea la apropiada o simplemente que no cumple con criterios de calidad. Nada más erróneo, porque tendría que demostrar que así es. Más bien, mi recomendación, la cuarta y última por cierto, es que quien llegue a ocupar la titularidad de la dependencia a partir del próximo 1º. de diciembre, observe que se revise a fondo dicha estructura y eso sólo lo debe hacer una agencia especializada, como es la Fundación Mexicana para la Salud, A.C., cuyo Presidente Ejecutivo es el Lic. José Ignacio Campillo García. Cuesta, pero bien vale la pena.
¿Cuándo es conveniente la revisión técnica de una estructura organizacional? Para el caso de las entidades del sector público, preferentemente debería realizarse con la suficiente antelación al inicio de un nuevo régimen o gestión gubernamental, llámese federal o estatal; sin embargo, por todos los “asegunes” que ello conlleva, por lo menos se necesita que transcurra el primer año de la nueva administración, para que en ese tiempo se realice el estudio técnico que finalmente permita la toma de decisiones, cuando la maquinaria está por arribar a su segundo año de trabajo. Así, al titular de la dependencia le facilitará el reacomodo de sus colaboradores en la nueva estructura orgánica.
Naturalmente que cualquier cambio en una estructura tiene forzosamente que ser autorizado por las instancias jurídicas y administrativas superiores, y eso lleva tiempo; de ahí que el estudio al que me he referido debe realizarse de manera planificada, con una ruta crítica. Debe considerarse que ello tiene un costo y que por transparencia se requiere que intervenga una entidad externa, que goce de prestigio y reconocimiento nacional e internacional por disponer de elementos con un vasto currículo y experiencia demostrada en la materia. En síntesis no deben intervenir quienes sirvan internamente en la organización, porque no pueden constituirse en juez y parte, y además por sus múltiples funciones y actividades.
Como mi campo es la Salud Pública me interesa precisamente lo que pueda ocurrir con las dependencias del sector público de la salud, y todavía quiero ser más puntual, mi objetivo más directo son aquellas que atienden a la población más vulnerable, la llamada población abierta, que es la mayoría. Pero resulta que el ahora denominado IMSS Prospera depende de las decisiones que tome el Instituto Mexicano del Seguro Social en el centro del país. Por eso sólo me quedo con los Servicios de Salud de Oaxaca, SSO. Las otras entidades de la salud, las de las instituciones de seguridad social, se cocinan aparte, porque las decisiones acerca de sus estructuras orgánicas también se ventilan en el nivel central de cada una de ellas. Alguien podría alzar la voz y decirme que sucede algo semejante con los SSO, porque la Secretaría de Salud Federal, de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda, tratan de mantener estructuras estatales más o menos homogéneas; sin embargo, las 32 entidades federativas disponen de estructuras orgánicas muy diversas, e incluso el nombre de la dependencia estatal de la salud resulta ser muy variado también. No pretendo decir que la actual estructura orgánica de los SSO no sea la apropiada o simplemente que no cumple con criterios de calidad. Nada más erróneo, porque tendría que demostrar que así es. Más bien, mi recomendación, la cuarta y última por cierto, es que quien llegue a ocupar la titularidad de la dependencia a partir del próximo 1º. de diciembre, observe que se revise a fondo dicha estructura y eso sólo lo debe hacer una agencia especializada, como es la Fundación Mexicana para la Salud, A.C., cuyo Presidente Ejecutivo es el Lic. José Ignacio Campillo García. Cuesta, pero bien vale la pena.
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