¿120 mil pesos para construir una casa?
Mi primera expresión, cuando escuché en un noticiero de la televisión, que los gobiernos federal y estatal de Chiapas y Oaxaca aportarían la cantidad de 120 mil pesos en apoyo a la reconstrucción de cada vivienda colapsada por el sismo del 7 de septiembre, fue: ¡Imposible!; la reacción inmediata de mi familia ante tan exaltado comentario se dirigió a preguntar el porqué, contestándoles que dicho apoyo le alcanzaría a una familia cuando más a la edificación de un cuarto de 20 metros cuadrados y si acaso con su baño completo. Les puse como ejemplo que un vecino nuestro gastó una cantidad semejante para construir un local comercial con una dimensión como la señalada. Mi primer impulso fue escribir un artículo con el título del presente, pero soporté el deseo e interés por hacerlo con la idea de que hubiera una noticia acerca de algún otro tipo de apoyo, principalmente por parte de la iniciativa privada para complementar la susodicha cantidad oficial, pero eso no ocurrió, por lo que heme aquí con mi opinión, que comparto con ustedes, amables lectores, con la idea de que estarán de acuerdo que 120 mil pesos son tan solo un paliativo y por lo tanto no es la solución total al problema que viven nuestros hermanos, sobre todo en la región del Istmo.
Después de la susodicha noticia, otros columnistas de los periódicos locales y de los diarios de mayor circulación del país han criticado y puesto en tela de juicio el tamaño del apoyo y las repercusiones que tendrá desde el punto de vista político con miras al proceso electoral del 2018, pues a los habitantes de los municipios con grandes afectaciones por los dos sismos de septiembre, ya no se les puede dar atole con el dedo, con una decisión que debió ser cuidadosamente analizada antes de generarla y difundirla tan copiosamente, con la intervención natural de los medios de comunicación masiva, incluso internacionales. Lástima, porque las visitas, recorridos y constantes acercamientos del jefe del poder ejecutivo federal, de los integrantes de su gabinete legal comisionados en el área devastada, con el acompañamiento del gobernador de cada Estado y de decenas de servidores públicos, hicieron concebir, como no se había visto antes, la esperanza, la ilusión de los pueblos por salir adelante en su respectivo proceso de reconstrucción y paliar en algo la tragedia de haber perdido algún familiar o su patrimonio de tantos años.
Ahora surgió otra declaración nada afortunada, del presidente Enrique Peña Nieto, para que las familias de la casas vecinas colapsadas cooperen, a manera “de tanda”, para la construcción, una tras otra, de cada nueva vivienda, como si sus habitantes se dedicaran a todos los dignos oficios que tienen que ver con una obra física de esa naturaleza, me refiero a la albañilería, electricidad, plomería, herrería y otras no menos importantes. Eso no debe manejarse así, pues lo esperado es que en el gasto de construcción de una casa habitación debe estimarse el pago de la mano de obra.
Es verdad que la fatalidad de los desastres de septiembre han causado un tremendo socavón a las finanzas de México, y que los recursos del FONDEN se invertirán para atender las necesidades de acuerdo al nivel de prioridad, sin embargo, de no haberse observado tales contingencias ese dinero bien pudo emplearse para avanzar en nuestro desarrollo como país, el que, no hay que olvidar, arrastra en los últimos dos años sendos recortes a su presupuesto anual. El ofrecimiento de 120 mil pesos para la construcción de cada vivienda en cierta forma es una evidencia del porqué la OCDE nos coloca en los últimos lugares que miden el desarrollo de cada nación. De todos modos, ¿no hubiera sido mejor decirle con franqueza al pueblo afectado que eso es todo lo que puede proporcionársele y que no hay para más? Y, en todo caso recomendarle que sus nuevas viviendas las construyan a prueba de sismos y con materiales de calidad, aunque para ello sacrifiquen su precaria economía por algunos años. Recordemos que las actuales “viviendas de interés social” tienen un costo promedio de 500 mil pesos, siendo un remedo de casa y un atentado a la dignidad humana. Ni a eso pueden aspirar por ahora nuestros paisanos.
Después de la susodicha noticia, otros columnistas de los periódicos locales y de los diarios de mayor circulación del país han criticado y puesto en tela de juicio el tamaño del apoyo y las repercusiones que tendrá desde el punto de vista político con miras al proceso electoral del 2018, pues a los habitantes de los municipios con grandes afectaciones por los dos sismos de septiembre, ya no se les puede dar atole con el dedo, con una decisión que debió ser cuidadosamente analizada antes de generarla y difundirla tan copiosamente, con la intervención natural de los medios de comunicación masiva, incluso internacionales. Lástima, porque las visitas, recorridos y constantes acercamientos del jefe del poder ejecutivo federal, de los integrantes de su gabinete legal comisionados en el área devastada, con el acompañamiento del gobernador de cada Estado y de decenas de servidores públicos, hicieron concebir, como no se había visto antes, la esperanza, la ilusión de los pueblos por salir adelante en su respectivo proceso de reconstrucción y paliar en algo la tragedia de haber perdido algún familiar o su patrimonio de tantos años.
Ahora surgió otra declaración nada afortunada, del presidente Enrique Peña Nieto, para que las familias de la casas vecinas colapsadas cooperen, a manera “de tanda”, para la construcción, una tras otra, de cada nueva vivienda, como si sus habitantes se dedicaran a todos los dignos oficios que tienen que ver con una obra física de esa naturaleza, me refiero a la albañilería, electricidad, plomería, herrería y otras no menos importantes. Eso no debe manejarse así, pues lo esperado es que en el gasto de construcción de una casa habitación debe estimarse el pago de la mano de obra.
Es verdad que la fatalidad de los desastres de septiembre han causado un tremendo socavón a las finanzas de México, y que los recursos del FONDEN se invertirán para atender las necesidades de acuerdo al nivel de prioridad, sin embargo, de no haberse observado tales contingencias ese dinero bien pudo emplearse para avanzar en nuestro desarrollo como país, el que, no hay que olvidar, arrastra en los últimos dos años sendos recortes a su presupuesto anual. El ofrecimiento de 120 mil pesos para la construcción de cada vivienda en cierta forma es una evidencia del porqué la OCDE nos coloca en los últimos lugares que miden el desarrollo de cada nación. De todos modos, ¿no hubiera sido mejor decirle con franqueza al pueblo afectado que eso es todo lo que puede proporcionársele y que no hay para más? Y, en todo caso recomendarle que sus nuevas viviendas las construyan a prueba de sismos y con materiales de calidad, aunque para ello sacrifiquen su precaria economía por algunos años. Recordemos que las actuales “viviendas de interés social” tienen un costo promedio de 500 mil pesos, siendo un remedo de casa y un atentado a la dignidad humana. Ni a eso pueden aspirar por ahora nuestros paisanos.
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