Mi salud, mi derecho
Tal es el lema que el ONUSIDA, organismo de la OMS, ha dado a conocer para conmemorar este año el Día Mundial de Respuesta ante el Sida, enfermedad cuyos primeros casos aceptados oficialmente datan de 1981, es decir, hace 36 años. El lema está dedicado a los desafíos a los que se enfrentan las personas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, para poder ejercer sus derechos como cualquier individuo; así lo expresa Michel Sidibé, titular del mencionado organismo internacional, cuando dice que “Todas las personas, independientemente de la edad, el género, el lugar en el que viven o las personas a las que aman, tienen derecho a la salud, y sean cuales sean sus necesidades sanitarias, todos necesitan que los recursos sanitarios estén disponibles y sean accesibles, de buena calidad y sin discriminación”.
En la práctica, es un hecho que en el mundo todavía existe una marcada resistencia a la sana convivencia y al respeto de los derechos de las personas que actúan como trabajadores sexuales, a los que son adictos, o son hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales con individuos de su mismo sexo, también a quienes se encuentran en una prisión y a los migrantes; es innegable que todos ellos son vulnerables a sufrir actos que violan flagrantemente sus derechos y son víctimas en potencia de adquirir el VIH. Poner fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública en el año 2030, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, pero lograrlo, requiere que se garantice el derecho a la salud de todos los seres humanos. El lema de este año, es una invitación para que compartamos nuestros puntos de vista e inquietudes, con miras a garantizar el derecho a la salud al que nos convoca el ONUSIDA, a la vez de sumarnos al movimiento mundial con nuestras propias ideas y creatividad, en el diseño de políticas públicas, estrategias y acciones tendientes a la eliminación de la desigualdad en materia de salud.
Es de destacar que los impresionantes progresos alcanzados en los últimos tres lustros, son el fundamento para haber hecho el compromiso de poner fin a la epidemia dentro de 13 años. Esos avances nos revelan que de las 36.7 millones de personas que vivían con el VIH en el 2016, al mes de julio del 2017 casi 21 millones recibían tratamiento; el riesgo y enorme reto lo representan las 1.8 millones de nuevas infecciones registradas el año pasado, más las que se sumen. Lejos está la cifra observada en el año 2000 cuando solo 685 mil personas que vivían con el VIH tenían acceso a tratamiento. En gran medida, el sorprendente incremento de personas en tratamiento ha sido resultado del empoderamiento de las personas infectadas que ahora exigen, dentro de un marco de respeto a sus derechos, que se les proporcione el tratamiento integral, que tiene como base los medicamentos antiretrovirales.
Michel Sidibé, ya descrito, hace énfasis en el ejemplo de Sudáfrica, país que en el año 2000 únicamente tenía a 90 personas en tratamiento y actualmente la cifra rebasa los 4 millones, lo que convierte a esa nación en un modelo, pues su programa es el de mayor impacto a nivel mundial en la respuesta ante el Sida, lo que le permite que la población infectada se mantenga viva y aparentemente sana. En ese sentido, los estudios científicos han demostrado que las personas que viven con el virus, pero que meticulosamente se adhieren a un tratamiento antirretroviral pueden tener hasta un 97% menos de probabilidad de transmitir el VIH. Así mismo, la incorporación, cada vez mayor de mujeres embarazadas al programa de detección y control, está permitiendo una ostensible reducción de niños infectados. ONUSIDA informa que a nivel mundial las infecciones en recién nacidos han disminuido en un 47%. El gran desafío ahora es lograr que los 17.1 millones de personas que requieren tratamiento, de los cuales son más de 900 mil niños, puedan tener acceso a los medicamentos. Mi salud, mi derecho, se generó en la Declaración Política de las Naciones Unidas, en el 2016, para darle fin al Sida. Se requieren 7 mil millones de dólares al 2020 como apoyo fundamental para tal fin, pero es toral la intervención del sector privado.
En la práctica, es un hecho que en el mundo todavía existe una marcada resistencia a la sana convivencia y al respeto de los derechos de las personas que actúan como trabajadores sexuales, a los que son adictos, o son hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales con individuos de su mismo sexo, también a quienes se encuentran en una prisión y a los migrantes; es innegable que todos ellos son vulnerables a sufrir actos que violan flagrantemente sus derechos y son víctimas en potencia de adquirir el VIH. Poner fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública en el año 2030, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, pero lograrlo, requiere que se garantice el derecho a la salud de todos los seres humanos. El lema de este año, es una invitación para que compartamos nuestros puntos de vista e inquietudes, con miras a garantizar el derecho a la salud al que nos convoca el ONUSIDA, a la vez de sumarnos al movimiento mundial con nuestras propias ideas y creatividad, en el diseño de políticas públicas, estrategias y acciones tendientes a la eliminación de la desigualdad en materia de salud.
Es de destacar que los impresionantes progresos alcanzados en los últimos tres lustros, son el fundamento para haber hecho el compromiso de poner fin a la epidemia dentro de 13 años. Esos avances nos revelan que de las 36.7 millones de personas que vivían con el VIH en el 2016, al mes de julio del 2017 casi 21 millones recibían tratamiento; el riesgo y enorme reto lo representan las 1.8 millones de nuevas infecciones registradas el año pasado, más las que se sumen. Lejos está la cifra observada en el año 2000 cuando solo 685 mil personas que vivían con el VIH tenían acceso a tratamiento. En gran medida, el sorprendente incremento de personas en tratamiento ha sido resultado del empoderamiento de las personas infectadas que ahora exigen, dentro de un marco de respeto a sus derechos, que se les proporcione el tratamiento integral, que tiene como base los medicamentos antiretrovirales.
Michel Sidibé, ya descrito, hace énfasis en el ejemplo de Sudáfrica, país que en el año 2000 únicamente tenía a 90 personas en tratamiento y actualmente la cifra rebasa los 4 millones, lo que convierte a esa nación en un modelo, pues su programa es el de mayor impacto a nivel mundial en la respuesta ante el Sida, lo que le permite que la población infectada se mantenga viva y aparentemente sana. En ese sentido, los estudios científicos han demostrado que las personas que viven con el virus, pero que meticulosamente se adhieren a un tratamiento antirretroviral pueden tener hasta un 97% menos de probabilidad de transmitir el VIH. Así mismo, la incorporación, cada vez mayor de mujeres embarazadas al programa de detección y control, está permitiendo una ostensible reducción de niños infectados. ONUSIDA informa que a nivel mundial las infecciones en recién nacidos han disminuido en un 47%. El gran desafío ahora es lograr que los 17.1 millones de personas que requieren tratamiento, de los cuales son más de 900 mil niños, puedan tener acceso a los medicamentos. Mi salud, mi derecho, se generó en la Declaración Política de las Naciones Unidas, en el 2016, para darle fin al Sida. Se requieren 7 mil millones de dólares al 2020 como apoyo fundamental para tal fin, pero es toral la intervención del sector privado.
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