Caso del niño Edward Justicia, ¿Para quién?

Por definición, la palabra justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. También se considera que es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado; tales valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Dicha palabra proviene del latín iustitia que significa justo, y deriva del vocablo ius. Forma parte de los valores sociales, morales y democráticos, de ahí deriva su importancia. Se considera, además, que es una virtud que todos los individuos debemos poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. En un sentido formal, es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces, sobre las cuales el Estado imparte justicia, cuando éstas son violadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. (www.significados.com/justicia).

Esta necesaria introducción al tema que nos ocupa, nos permite situarnos en el dramático caso del niño Edward Luna Trujillo, quien falleció luego de ser intervenido quirúrgicamente por un médico traumatólogo pediatra, quien contó con el apoyo de una médica anestesióloga. Es de todos conocido el periplo que tuvieron que realizar los padres del infante, Daniela Trujillo Ramos y Hussein Luna López, para que su criatura recibiera atención médica inmediata, luego de sufrir de manera accidental una fractura en una extremidad superior. El niño no fue admitido en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” por los motivos que hayan sido, obligando a que sus padres acudieran a un hospital privado donde tras la cirugía el caso se complicó, lo que determinó que trasladaran al paciente a un segundo hospital privado, en donde finalmente falleció al poco tiempo de su ingreso.

La familia de Edward desdeñó la competencia de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, CEAMO, organismo que se avocó de inmediato a la investigación del caso y su informe técnico obra en poder de las autoridades que lo requirieron, luego que atendieron la denuncia de los padres del menor, pues estos decidieron seguir un proceso penal y no civil contra los médicos. El Fiscal General del Estado, Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, expresó ante los medios que el delito cometido se denomina homicidio doloso eventual, lo que quiere decir que se acusa a los médicos involucrados de haber cometido un homicidio con todas las agravantes, como si se tratara de un par de criminales y no profesionales de la salud, cuya misión en la práctica es totalmente contraria a la acusación que se les hace.

Los padres y familiares del niño exigen justicia. Han señalado que no desean venganza, porque si de eso se tratara desde un principio hubieran actuado contra los médicos; su interés radica en ver en prisión a los denunciados y que cumplan la pena que determine un juez. Esto último significaría que en un afán de pedir justicia realmente pretenden vengarse. Por otra parte, ante los señalamientos de que el Fiscal apoya con sus actos y decisiones la criminalización del acto médico, no se hizo esperar la airada reacción del gremio médico de todas las asociaciones y colegios de medicina en el Estado y en las principales ciudades del país, sobre todo una vez que fue detenido y puesto tras las rejas el Dr. Luís Alberto Pérez Méndez, de quien se abona su conducta y su desempeño en el ejercicio de su especialidad.

Sé lo que significa el dolor que sufren los padres de familia cuando un hijo se ve afectado de su salud. Lo viví en carne propia cuando accidentalmente tuve una fractura expuesta del radio y cúbito derechos al caer de la azotea de mi domicilio a los 10 años; la angustia reflejada en el rostro de mi madre no la puedo olvidar. Me llevó una ambulancia de la Cruz Roja de la Ciudad de México y la atención que se me brindó fue un éxito. En el caso que nos ocupa, la familia exige justicia al perder a su hijo, el primogénito de tres años. Por otra parte, los médicos han sido objeto de desprestigio a pesar del apoyo de su gremio y piden justicia en el proceso que se les sigue. Una mala decisión de las autoridades puede ser de fatales consecuencias.