¡Abrimos o morimos!

 … “Este es un llamado de auxilio: Nos están extinguiendo. ¡Ya no podemos más! ¡No condenen a sus trabajadores al desempleo ni a miles de negocios a la quiebra!”. Así se expresaron el lunes siete de enero del año en curso 500 restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México, en una carta dirigida a la jefa de gobierno de la primera, Claudia Sheinbaum y al gobernador del segundo, Alfredo del Mazo. Lo anterior, fue motivado por la decisión coordinada entre ambos jefes de gobierno de suspender la operación normal de la industria restaurantera en sus respectivos territorios, por considerar que no son servicios esenciales para la población, como una de las estrategias asumidas al adoptar el color rojo del semáforo epidemiológico. 

Como complemento a dicha carta, trabajadores de esa industria se manifestaron ruidosamente con el clásico “cacerolazo” y con pancartas, durante la presente semana, en la plaza de armas de ambas entidades federativas. Al respecto, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) señaló que su gremio enfrenta una grave problemática a raíz de la pandemia por COVID-19 y que no ha recibido ningún apoyo para sobrellevar la crisis señalada, tras el cierre de establecimientos durante la Jornada de Sana Distancia. Además, agregó que se está solicitando a las autoridades que su actividad se considere como esencial, pues por las medidas implementadas durante la pandemia ya cerraron 13,500 giros de ese tipo, advirtiendo sobre el problema que se genera con su extinción. Para darnos una idea de lo que representa esa cantidad, tan solo en el Estado de México se tenían registrados 70 mil restaurantes, que generaban 340 mil empleos directos antes de aquella. (La Razón ONLINE. 13.01.2021).

Según los Censos Económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hasta ese año la industria restaurantera ocupaba a 2,170,171 trabajadores, de los cuales 58.3% eran formales; así mismo, 71.6% de los 612,259 establecimientos que ofrecían servicios de preparación de alimentos eran informales, es decir, solo el 28.4% se encontraban en la formalidad. En aquellos, se ocupan familias completas. (Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del INEGI), pero los formales concentran el 75.3% del valor agregado de la industria.

La situación que expresan los restauranteros formales es verdaderamente crítica; había mejorado lentamente a partir de que el gobierno federal determinó la llamada “nueva normalidad” el pasado 15 de junio; así, durante casi seis meses y con tan solo un máximo del 30% de ocupación autorizada para operar, llegaron a diciembre del 2020, pero ahora con el semáforo en rojo se les obliga a cerrar prácticamente, lo que puede significar la quiebra para infinidad de ellos y obviamente la pérdida de miles de empleos. Las autoridades esgrimen el argumento de que en espacios cerrados la diseminación del SARS-COV-2 en varios metros a la redonda está bien documentada científicamente, aún cuando solo se cumpla con el porcentaje autorizado inicialmente, pues un solo comensal asintomático puede exhalar el virus al respirar y hablar. Por ello, los afectados únicamente pueden ofrecer alimentos para llevar o para enviar a domicilio, y no se les permitirá, por el momento, ofrecer servicio en el exterior de sus locales.

La medida draconiana llega en el peor momento de la pandemia, cuando en los últimos días se han registrado las cifras más elevadas de defunciones por COVID-19. Lo contradictorio resulta al observarse que en la primera semana de enero miles de personas acudieron a comprar juguetes y otro tipo de obsequios, en los tianguis que se permitieron para tal efecto en la CDMX y en el Estado de México. También, cuando los preparadores de alimentos informales han continuado en la vía pública sin control regulatorio alguno. Y lo peor, la diseminación del coronavirus al movilizarse millones de usuarios del METRO, tras el incendio de las instalaciones de mando. Abrir para no morir, es otro dramático eslogan de los afectados. Salud y Economía, ese es el grave dilema cuya solución está en acuerdos.